El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, promulgó hoy, a menos de 24 horas de su sanción, la ley que agrava las penas para quienes invadan tierras privadas, una iniciativa que volvió a ser cuestionada por grupos sociales, de indígenas y campesinos, y que amenaza con agravar la serie de protestas que se registran en las calles de Asunción.
Lo central de la nueva norma es la modificación de artículo 142 del Código Penal para gravar con hasta 10 años de cárcel a quienes ocupen propiedades privadas, una cuestión por demás sensible en un país con una fuerte concentración de la tierra.
Hasta hoy, la «invasión de inmueble ajeno» era penada con hasta 5 años de prisión y se aceptaban «medidas alternativas», y ahora la pena va de 6 a 10 para el caso de que exista «violencia o se registren daños» a la propiedad.
Por otro lado, ni la Justicia ni el Estado investigaron jamás sendos pedidos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión de la verdad que advirtieron que durante la dictadura de Alfredo Stroessner el 37% de las tierras útiles del país fueron entregadas irregularmente y que entre los beneficiarios se contaron militares, legisladores y empresarios.
Pese a la promulgación, a las puertas del Congreso se mantenía la vigilia de representantes de comunidades indígenas y organizaciones campesinas, que advierten que la modificación del Código Penal que significa la ley solo apunta a «criminalizar» la protesta y pone en riesgo la ocupación ancestral de muchos terrenos por parte de los locales.
Ayer, grupos de manifestantes ya habían cerrado rutas en el interior del país y, tras enfrentarse con la Policía, dieron un ultimátum 48 horas a Abdo Benítez para que vetara la ley, pero el mandatario desatendió esa pretensión.
El clima de tensión en los alrededores del Parlamento se complejizó con la detención del líder indígena Derlis López Ortiz, que, según la Policía, tenía cuatro órdenes de detención en contra. Su captura generó un cruce de piedras, flechas y balas de goma entre los manifestantes y la Policía Nacional.
El titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Édgar Olmedo, hizo un llamado «a la paz y a la concordia de todas las comunidades, para favorecer el diálogo» y denunció que los pueblos originarios fueron «manipulados» por grupos a los que no identificó.
Huttemann confesó que Abdo Benítez «ya venía haciendo el análisis y estudio anteriormente, manteniendo conversaciones con los parlamentarios y proyectistas y una vez que ingresó la decisión ya estaba tomada».
Pérez, por su parte, afirmó que la aplicación de la ley «va a estar en la cancha de cada Juzgado», por lo que será el juez quien decidirá eventuales sentencias.
Se estima que en Paraguay hay unas 8 millones de hectáreas -algunos relevamientos hablan de 12 millones- cedidas entre 1954 y 2003 a personas cercanas a la dictadura de Stroessner, un paquete de propiedades que la prensa y las organizaciones suelen llamar «tierras mal habidas».
El proyecto fue presentado en el Senado por Fidel Zavala, de Patria Querida, pero tuvo el enorme acompañamiento de las bancadas en las que se divide el gobernante Partido Colorado en las dos cámaras.
Pocas semanas antes de la presentación de esta iniciativa había ingresado al Congreso otra en sentido opuesto: buscaba, justamente, despenalizar las tomas.
